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TESTIMONIO DE LA PRIMERA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE.

El grupo de Familias afectadas del Ejido Juan del Grijalva,también conocida como la Primera ciudad rural sustentable del mundo Nuevo Juan de Grijalva, dan su testimonio sobre la situación que atraviesa este proyecto auspicidado por el gobierno estatal de Chiapas y avalado por el gobierno federal.

Esta carta circuló en la red y en algunos medios, a continuación se exhibe en este espacio tal y como ellos la presentaron.


Ciudad rural a 27 de mayo del 2011. Asunto: DENUNCIA PUBLICA.

Somos habitantes de la comunidad denominada primera ciudad rural sustentable del mundo (ejido nuevo Juan del Grijalva) municipio de Ostuacan, Chiapas, donde se suscito el supuesto desastre natural, (el deslizamiento de un cerro) en el mes de noviembre del 2007, lugar que actualmente es conocido como el TAPON esto a orillas del rio Grijalva, este desastre no solo provoco la obstrucción del mismo sino también la destrucción de todo nuestro poblado que se encontraba allí, perdiendo la vida muchos de nuestros familiares, y demás personas que se encontraban en ese lugar, así también sufrimos la perdida de nuestras casas, hecho que hizo a nuestra comunidad amanecer de luto, al parecer hasta a hora interminable.

A raíz de esto el gobierno estatal así como el gobierno federal, aportaron recursos y apoyos a estos damnificados, todo esto solo en los momentos en que surgió el desastre. Creando así la primera ciudad rural sustentable del mundo conocido como nuevo Juan del Grijalva. Hasta ese entonces se creía que esto cambiaría la forma de vida de aquellos afectados y sería el primer paso para el cambio, en esto no se equivocaron y así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad.

Hoy en día la famosa ciudad rural sustentable de la que habla el gobierno estatal no tiene nada de sustentable como lo afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cierto es que ha sido todo un fracaso.

Desde ese entonces no solo empezaron con la construcción de la nueva ciudad rural sino también con el desazolve del rio, para liberar el afluente, esto por parte de CONAGUA y CFE, ya nuestras tierras se habían visto seria mente afectadas quedado destrozadas a raíz de ese desastre, siendo dicha afectación mayor cuando ingresa comisión federal de electricidad a realizar trabajos en esa zona, lo que provocó el destrozo de las tierras que aún se encontraba en pie para ser trabajadas, lo que se supone que serían pagadas por parte del gobierno estatal y comisión federal de electricidad. Hasta la fecha se desconoce a donde fue apara este recurso (dinero) y en manos de quien, por lo que se intuye que existe un abuso por parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero y CFE, y creemos que están realizando fraudes para así lograr un beneficio personal.

Durante mucho tiempo el gobierno de Juan Sabines y CFE mantuvo a esta comunidad en el engaño, asiéndolos creer que les pagarían esas tierras y que la única forma para el pago seria el cambio de régimen ejidal por el de propiedad privada, lo que tampoco se ha resuelto, todo esto dicho por parte del secretario de gobierno, Lic. Noé Castañón León, quien nos informó que nuestras tierras debían legalizarse, porque eran parcelas y así pasarían a ser propiedad privada y al estar las actas ante el registro agrario nacional, se realizarían los pagos mencionados dichos trámites fueron realizados desde el año pasado, y hasta hoy no se han efectuado tales pagos, sin embargo estos hechos han sido los portadores de acontecimientos desafortunados en contra nuestra.

Últimamente contratamos los servicios de dos abogados, para llevar los trámites necesarios, por medio de ello nos enteramos que la federación depósito al gobierno del estado el pago de la cota 93.5 a la 100. Inclusive teníamos un documento firmado por Laura Gurza, directora de protección civil federal, donde se corrobora esta información. Incluso el secretario de gobierno reconoció que el dinero ya ha sido depositado, cabe mencionar que el gobierno no ha pago a los propietarios, lo cual nos indica, efectivamente todavía tiene el recurso o al menos que ya lo hayan gastado o lo hayan invertido en otras obras.

Estábamos llegando a una negociación, nos habían entregado los avalúos pero últimamente demostraron que no quieren realizar los pagos.

Con el descontento de esta comunidad se hizo una manifestación, para que así fuéramos escuchados, ya que los compromisos hechos por parte del gobierno estatal nunca fueron realizados.

Con motivo a esta manifestación el gobierno del estado de Chiapas volcó sus ojos al ejido nuevamente, pero no con el propósito que se pretendía, y como al gobierno no le conviene un escándalo de esta magnitud tomo represalias contra los manifestantes, así que el día 17 de marzo del presente año, estando parte de la población de esta comunidad reunidos un grupo aproximado de 200 a 300 policías entre ellos policías ministeriales conocidos también como policías judiciales, llegaron hasta el lugar de la manifestación, siendo esto una manifestación pacífica, aclarando que el lugar de la manifestación se realizó en una de las parcelas del ejido y que por obvias razones el dueño de esta parcela también es uno de los ejidatarios, y de una manera arbitraria los levantaron de allí todo esto bajo el engaño, diciéndoles que no siguieran con esa manifestación con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras, así como la cantidad a la que ascendían los avalúos, el arresto de estas personas se ejecutó bajo las órdenes del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas del municipio de Pichucalco, Chiapas, de nombre Lic. José Luis Gómez Santaella así como del M.P. de Ostuacan Esgar Benjamín Estrada Cervantes, quien al parecer está actuando no solo basado en el cumplimiento de su ejercicio como M.P. sino que creemos que este actúa bajo su propio criterio y que lo está haciéndolo por interés propio y para lograr un beneficio personal, seguidamente estos policías les solicitaron sus credenciales respectivas pero solo a unos cuantos los apartaban del grupo, en total fueron a 5 personas a las que se las llevaron y a estos no precisamente los agarraron allí sino en otros lugares distintos al lugar de la manifestación sin saber si estos participaban o no en dicha manifestación, así pues los privan de su libertad y los acusan de delitos que no han cometido, ya que la compañía MEXICO reconoció que la manifestación no era en perjuicio de ellos, sino que esta era una forma llamar la atención del gobierno del estado y CFE, todo para que estos realizaran los pagos correspondiente que hasta el día de hoy no se han realizado.

Seguidamente se los llevaron, pero no precisamente a negociar sino que se los llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obviamente no los llevaron a negociar por tanto se entiende que los llevaron bajo engaño ya que en ningún momento presentaron una orden de aprensión en contra de ellos, la detención de estos fue por los delitos de: oposición a que se efectué una obra pública, ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. Estos delitos no encuadran al tipo, ya que para el primero la manifestación no fue hecha en el lugar de la obra, si en algún momento estos no continuaron con su trabajo sus razones tendrán o tal vez se sintieron intimidados por la presencia de los manifestantes, sin embargo esta no es razón suficiente para este delito, en el segundo caso, nunca se privatizo la comunicación, ni se obstaculizo el pazo en las carreteras de terracería de esas zonas y aun siendo así la compañía que demanda denominada MEXICO CONSTRUCTORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. podía tener acceso a los túneles de conducción denominado contingencia rio Grijalva por otra vía o las que quisieran, siendo una de ellas el mismo rio y por ultimo no existe tal asociación ya que no se cumple con los requisitos necesarios para formarla como lo es el que necesariamente exista un líder y en este caso es todo un ejido y los que colindan con él los que se manifestaron por las injusticias.
Al día siguiente, el 18 de marzo del mismo año, fueron trasladados a la casa de arraigo denominado el PITIQUITO, ubicado en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo.

El arraigo tiene una duración de un mes el cual se vencía el 18 de abril, sin embargo días antes, para ser precisos el día 14 del mismo mes y año los trasladaron al centro de readaptación de Pichucalco, Chiapas. Es indignante que estas autoridades se las gasten de esta manera, ya que su prioridad debe ser la aplicación de la justicia y en este caso ha sido todo lo contrario ya que de entrada no cumplen con lo establecido en la ley y los sacan de la casa de arraigo, aun que esto no es lo más molesto, si no que estos utilizan el engaño ya que los hicieron firmar una carta de liberación, todo estos para que ellos cumplieran con la ley y luego los trasladan al Cerezo, esto quiere decir que en ningún momento estuvieron libres sino que lo hicieron como mero requisito.

Toda esta situación es muy incómoda para todos los familiares, ya que como somos personas que nos estamos acostumbradas a este tipo de cosas y en ningún momento, en tiempos pasados estuvieron en una situación parecida. Cabe decir que en el tiempo que estuvieron en la supuesta casa de arraigo (porque en realidad eran prisiones), nosotros los familiares estuvimos asiendo un gasto innecesario en relación a los viajes, para así poderlos visitar, ya que las autoridades según nuestro punto de vista deben investigar bien antes de dictaminar una cosa así, por que quienes están detenidos, nos atrevemos a decir SON INOCENTES de todo aquello de lo que se les acusa, por tanto nunca debieron ir aparar a ese lugar pero a pesar de todo, esto no es lo delicado del asunto sino que en uno de tantos viajes que se realizaban allí una de las personas sufrió un accidente justo a las afueras de la casa de arraigo ya que en ese lugar no se cuenta con un baño público para todos los visitantes , así que un ancianito familiar de uno de los detenidos en ese lugar tubo que cruzar la calle para realizar sus necesidades y al regreso un auto lo atropello. Así que hacemos responsables a todas las autoridades de esta situación, de los accidentes y demás sufridos asía las personas (familiares de los detenidos).

Así también fueron llevadas a declarar en las instalaciones del M.P. del municipio de Ostuacan tres personas, sin mostrar orden alguna de aprensión dichas personas firmaron y colocaron sus huellas en una falsa declaración.

Al día siguiente, el día 15 de abril detuvieron a tres personas más entre ellas el licenciado que contratamos y que nos llevaba el asunto, a quien no se le permitió ni si quiera llegar al juzgado, las otras 2 personas son familiares de los primeros 5 detenidos los cuales se encontraban a fuera del cerezo, al licenciado lo detuvieron en el estacionamiento del mismo lugar y lo amenazaron de que si no se bajaba de su auto lo iban a llevar a la fuerza ya que ellos contaban con una grúa en ese momento, a los 3 les solicitaron también sus credenciales y se los llevaron se desconoce el lugar, pero posteriormente llegaron de nuevo y los meten directo al cerezo con el resto de la población que se encuentra en ese lugar, dictándoles así auto de formal prisión, y esto sin haber cometido delito alguno y pasando por encima de sus derechos.

El día 25 de mayo del presente año detuvieron a otra persona en el municipio de Ostuacan, esta fue una de las tres personas que llevaron a declarar ante el M.P. de Ostuacan, hasta donde sabemos es probable que detengan también a las otras dos que faltan así como a los otros que participaron en la manifestación, nos parece injusto la forma en la que se las gastan todos aquellos que dicen procurar la impartición de justicia.

Hoy día en el centro de readaptación de Pichucalco, Chiapas se encuentran 9 personas detenidas entre ellas el licenciado Juan Narváez, Teodoro Sánchez Mórales, Marcelo Díaz Castellanos, Héctor Díaz Castellanos, Ceferino Hernández castro, Fidencio Altunar Cobos, José Francisco López Díaz, Pascasio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot.

Todos ellos de manera injusta, solo por realizar una manifestación que tenía el fin de que el gobierno de Juan Sabines Guerrero así como CFE los tomaran en cuenta para así negociar y que estos les pagaran por las afectaciones que realizaron en sus tierras hasta el día de hoy a lo que se le conoce como el caído Juan de Grijalva así también el pago de la cota 100, hasta donde se sabe 2 de los delitos siguen siendo los mismos el único que cambio fue el de asociación delictuosa y paso a ser delito por motín.

Desde ese día la fecha hemos luchado por lograr su libertad, pero nos ha sido imposible luchar con el sistema impuro del gobierno.
Seguido de este acontecimiento que comenzó desde las primeras cinco detenciones, la policía judicial ha frecuentado nuestra comunidad, trayendo consigo una lista donde figuran aproximadamente 22 personas, pero los afectados somos alrededor de 160 personas, de 4 comunidades afectadas, siendo los más perjudicados, lo pobladores de la desaparecida comunidad “Juan del Grijalva”.

A la fecha la ciudad rural sustentable del mundo cambio de nombre a hora es la primera ciudad rural asustada del mundo y esto es porque se vive y se percibe, el miedo, la falta de protección, la impotencia y sobre todo inseguridad, pero esta última no por parte de los que llamamos comúnmente delincuentes, sino de aquellas que se suponen que tienen que protegernos de estos (las autoridades), esto es porque hasta donde se sabe existe una orden de aprensión para todos aquellos que participaron en la manifestación, la cual serviría para la defensa de nuestros derechos.

Hacemos saber nuestra desesperación, nuestra impotencia, nuestra indignación, acerca del manejo de este caso, la comunidad entera estamos en espera de sucesos mayores, lo que pudiera proseguir, es el arresto de muchas personas más: entre ellas, mujeres y jóvenes menores de edad, la zona sur de la ciudad rural se encuentra sola, la mayoría de las personas han tenido que refugiarse en lugares seguros, por miedo al acoso y persecución de la policía.

Hoy la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia (hombres) se encuentran huyendo por el motivo de que tienen el temor de que en un momento a otro los detengan. El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos para el sustento de las mismas, el miedo constante, sobre todo el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener y acabar con esta situación ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el apoyo del gobernador, no sabemos hasta donde ha sido de su conocimiento esta situación pero lo que si nos consta es que su gobierno no es el adecuado para resolver estos tipos de asuntos, ya que esta lucha es contra ellos precisamente y todo porque no quieren soltar los recursos que les corresponden a los afectados en ese lugar y porque no quieren que ella nada ni nadie que obstruya el pazo para que así lleven a cabo su propósito que son la terminación de las obras en ese lugar.

Hemos intentado llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes, sin embargo se nos ha negado todo acceso. Incluso hemos llegado hasta decir que no queremos ninguna indemnización, ningún pago por los desastres naturales, que el dinero destinado al pago de las tierras, de las casas, quede en sus manos, porque al fin de cuenta ha sido la manzana de la discordia, el motivo del enojo de las autoridades, aun que también nos parece justo ya que por propio derecho ese dinero nos corresponde, ya que el gobierno del estado de Chiapas el cual está en manos de Juan Sabines en conjunto con CFE y no sabemos hasta donde con el gobierno federal se han lucrado con nuestras tierras y todo esto desde el momento del deslizamiento del cerro que se encontraba cerca del poblado y que por obvias razones benefició al Estado de tabasco en los tiempos en que este estaba padeciendo un diluvio, por eso muchos de nosotros nos atrevemos a creer en que todo esto ha sido solo mera estrategia del gobierno para así lograr sus propios fines.

Exigimos que liberen a los presos del nuevo Juan del Grijalva, queremos que se respeten nuestros derechos, este es un caso que ha tocado los límites de la ley del más fuerte, y vemos con impotencia como nos aplasta, sin poder siquiera tocar la agujeta de sus zapatos.

Así también exigimos que pare ya el hostigamiento y la represión por parte del gobierno del estado de Chiapas asía las personas del nuevo Juan del Grijalva, por todas aquellas que sin tener necesidad andan huyendo y por todos los familiares, entre ellos mujeres, adolescentes y niños.

No podemos seguir bajo esta situación, llegamos al punto exacto de la desesperación extrema, el miedo que nos invade se acrecienta cada día, no nos sentimos seguros, en realidad nos sentimos impotentes por las atrocidades cometidas y por ver a nuestros amigos y familiares encerrados, varios de ellos en condiciones de salud no favorables.

Ya basta de que nos callen y nos aplasten tomando como batuta el encarcelamiento político, no se vale que actúen de tal forma, no se vale que el gobierno nos hunda. ¿Dónde quedaron nuestros derechos? ocurre que ya no podemos expresarnos, ocurre que ya no somos libres, ocurre que estamos destinados a vivir bajo el sudor de un yugo amargo, es mentira que somos libres y que podemos hacer denuncias anónimas, vivimos en un mundo controlado, donde es imposible alzar la voz, porque de inmediato cae sobre ti el poder de la autoridad que hace callar las bocas de los que padecen alguna injusticia, y reclaman por ello, sobre todo cuando las atrocidades cometidas es por parte del mismo gobierno, ya no somos ciudadanos legítimos, los que antes escuchaban nuestras peticiones, ahora se tapan las orejas, ya que son ellos mismos los que se benefician acostillas de los más vulnerables.

¿Dónde queda la ciudad rural sustentable modelo que prometieron al mundo? ¿Donde quedo ese proyecto de vida que el gobierno profesaba?, ¿donde quedo el proyecto internacional de las ciudades rurales sustentables?, ciudad rural sustentable sólo es parte de un eufemismo político, son términos ligados a la fuerza, porque semánticamente es un error hacer que tales vocablos se tomen de las manos, es mentira que la gente de Juan del Grijalva ahora vive mejor, ahora estamos peor, ahora nos persiguen para encarcelarnos, ahora nos hemos quedados solos, solos, y cargando al gobierno sobre nuestras espaldas.

Muchos, quienes no son afectados, podrán decir muchas cosas e incluso hablar bien del gobierno, pero como no, si estos les tapan las bocas bajo falsos engaños, prometiéndoles tantas cosas las cuales nosotros hemos comprobado que son mentiras, he aquí nosotros y solo nosotros los que sufrimos, podemos decir realmente la situación que vive Juan del Grijalva, y nadie mas ya que los otros que no son afectados, obviamente no les interesa, además ciertamente no tiene por que denunciar nada no son los que están padeciendo esta situación, sin embargo quienes viven en la ciudad rural no nos dejaran mentir, aquí no hay fuente de trabajo por tanto no hay nada de sustentable por ningún lado, no hay ni siquiera un solo árbol que nos permita cubrirnos de los rayos del sol, no tenemos ni siquiera un hogar digno donde vivir, las casas que nos dieron como hogares no son más que ladrillos hechos de lodo que traen consigo infecciones en la piel porque de estos nacen muchas clases de insectos rastreros, en fin podríamos enumerar todas las carencias que sufre esta ciudad pero no acabaríamos con la redacción, al paso que vamos, llegara el momento en que no haya un solo habitante en la a hora ya famosa ciudad rural que era lo que quería precisamente el gobierno.

La impotencia que sentimos es inexorable, nos hemos quedado al frente del grupo; solo mujeres, quienes rogamos ser escuchadas, queremos llegar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan queremos dejar de ver pasar judiciales por nuestras calles, intimidando a las personas afectadas y por supuesto queremos de vuelta a los nuestros.

No importa que tan largo sea el camino que nos toque recorrer, estamos dispuestas a emprenderlo por tal razón solicitamos todo el apoyo posible.

Pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para la solución de nuestro problema estamos seguros que esta comisión podrá darle solución a nuestro caso, les aclaramos que no somos delincuentes, hemos trabajado en nuestras tierras por años para sobrevivir, somos personas humildes, que no debemos nada a nadie, somos gente de campo que trabaja y lucha estamos acorralados por el gobierno del estado, no se olviden de nosotros, ni se olviden de las personas nuestras que están en la cárcel hoy pedimos por ellos.

El atrevimiento de sentarnos y redactar ha nacido de la necesidad que nos embarga, ha nacido del sentimiento de opresión que llevamos encima, por favor rogamos su intervención o canalización con el gobierno federal, por lo cual estamos dispuestas ir adonde se deba, con el único objeto de acabar con este caso absurdo y político, para que finalmente liberen a nuestros presos políticos.

Nos hemos reservado dejar por escrito nuestros nombres, por temor a represalias en contra nuestra, por temor a que se violen los derechos de las personas que aún nos encontramos libres, y miedo por aquellos que no están, porque les han arrebatado la libertad de la manera más injusta, sin embargo agregamos unas hojas con las firmas de de cada una de nosotras, que somos muchas, quienes padecemos de esta situación.

Lo dicho en este escrito son hechos verídicos de los sucesos que está viviendo la ciudad rural nuevo Juan de Grijalva, por lo que se les hace de su conocimiento solicitando así el apoyo, sobre todo nos gustaría que llegara a oídos del presidente de la república Felipe calderón Hinojosa, ya que no sabemos hasta donde es de su conocimiento, y si ya conoce el caso, rogamos que dé una solución pronta a esta situación y de lo que está pasando en el estado de Chiapas y en manos de quien y quienes está este gobierno, de las injusticias que se viven día con día sobre todo en la primera ciudad rural sustentable nuevo Juan de Grijalva.

Así pues esperamos que esta información sirva para que todo el mundo se entere de esta situación.

No sin antes esperar el apoyo de todas aquellas que quieran ayudarnos.

Atentamente:
Grupo de Familias afectadas del Ejido Juan del Grijalva
Conocida como:
Primera ciudad rural sustentable del mundo
“Nuevo Juan de Grijalva”


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Intervención del relator de la ONU, Oliver de Shutter en el FORO NACIONA...

MANDATO DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

A continuación presentamos la realatoria de Oliver De Schutter en su estancia en la Ciudad de México el día 20 de junio.

DECLARACIÓN FINAL DE LA MISIÓN

I. Introducción

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el señor Olivier De Schutter, llevó a cabo su misión oficial por invitación del Gobierno mexicano a México del 13 a 20 de junio de 2011. El Relator Especial quisiera expresar su agradecimiento por el alto nivel de cooperación del Gobierno, además de la destacable preparación previa de las autoridades. Además agradece la dedicación y el apoyo de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del H. Embajador Juan Manuel Gomez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Durante su misión, el Relator Especial se reunió con una amplia variedad de autoridades, incluyendo a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Salud (SALUD), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Relator también expresa su agradecimiento particular al Secretario de Reforma Agraria, el señor Abelardo Escobar Prieto; al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al señor Javier Lozano; al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el señor Francisco Mayorga Castañeda, y a la señora Sofía French Lopez Barro, Coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), con quienes el Relator pudo sostener intercambios extensos.

Asimismo, se reunió con Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, presidido por el Senador Zoreda Novelo, además de encontrarse con presidentes de congresos estatales. Visitó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el cual brinda préstamos a los productores agrícolas. Finalmente, se reunió con las agencias de la ONU con presencia en México, con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y expertos académicos.

La misión incluyó visitas a los estados de Chiapas y Jalisco. En Chiapas, el Relator Especial llevó a cabo reuniones en las Ciudades Rurales Sustentables de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago el Pinar, y en San Cristóbal de las Casas. Se encontró con miembros del gobierno de Chiapas, además del Gobernador Juan Sabines Guerrero, y con una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco, el Relator Especial se reunió con miembros del gobierno además de organizaciones de la sociedad civil de los estados de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí. Asimismo, tuvo una reunión en el recién inaugurado Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). También visitó el poblado de Temacapulín y el aledaño Centro de Población de Talicoyunque, lo cual implicó reuniones tanto con las comunidades afectadas por la construcción de la Presa El Zapotillo como con un representante de la Comisión Estatal del Agua.

II. La situación de la inseguridad alimentaria

México ha logrado avances significativos que han mejorado algunos indicadores claves para la realización del derecho a la alimentación, alcanzando el Objetivo del Milenio de reducir el promedio nacional de niños de menos de cinco años que están debajo del peso normal (del 14.2 por ciento en 1998 a 5 por ciento en 2006). Sin embargo, los avances no han sido iguales y el nivel de privación en el goce del derecho a la alimentación todavía resulta grave para una parte significativa de la población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) calcula que 18.2 por ciento de la población mexicana (19.5 millones de personas padeció “pobreza alimentaria” en 2008, un incremento en comparación del 13.8 por ciento (14.4 millones de personas) en 2006. La situación ha continuado sin cambios sustantivos desde 1992.

Estos promedios nacionales no revelan las disparidades significativas en el acceso a una alimentación adecuada entre las áreas urbanas y las rurales, además de las diferencias entre los estados del Norte, Sur y Centro de México. De las 18.1 millón personas que viven en los municipios con niveles de alta o muy alta marginación, 80.6por ciento viven en áreas rurales.

También existen diferencias marcadas en relación a los indicadores del derecho a la alimentación entre la población indígena y no indígena. Ambos grupos han experimentado mejoras paulatinas en las tasas de la malnutrición infantil. Sin embargo, uno de casa tres (33.2 por ciento) niños indígenas de menos de cinco años sufrió de malnutrición en 2006, comparado con uno de cada diez (10.6 por ciento) de los niños no indígenas.

III. El Marco Legal y Político

México tiene la obligación legal de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación adecuada de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales de derechos humanos. Reformas recientes de la Constitución demuestran el compromiso de México para fortalecer la protección del derecho a la alimentación. El 10 de junio de 2011, días antes de la misión, el Presidente de México promulgó una reforma constitucional que elevó a rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Además, una reforma para reconocer explícitamente el derecho a la alimentación está ahora cerca de culminarse.

México se ha unido al pequeño pero creciente grupo de Estados que están reconociendo el derecho a la alimentación en sus constituciones domésticas. Ahora es tiempo de hacer mejoras al marco legal con la adopción de una ley marco sobre el derecho a la alimentación, como se ha hecho en otros países de la región. Tales leyes marcos son recomendadas por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por las Directrices Voluntarias. Dicha legislación debería de promover la adopción de una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. Una estrategia nacional presenta principalmente cuatro ventajas:

(i) Primero, mejora la coordinación entre las instancias gubernamentales relevantes y entre los diferentes niveles de gobierno. Hoy en día hay varias inconsistencias entre las políticas sectoriales implementadas en México. Por ejemplo, algunos de los programas que apoyan la producción agrícola benefician de una manera desproporcionada a los sectores más ricos en las partes más prósperas del país, aumentando la desigualdad en las áreas rurales, que por los mismos programas sociales tenían que atacar por su parte.

(ii) En segundo lugar, una estrategia nacional podría ayudar a identificar las complementariedades entre los distintos instrumentos que actualmente sirven para mejorar la seguridad alimentaria, a fin de lograr efectos multiplicadores. En particular, las medidas destinadas para apoyar a los productores de alimentos y las medidas destinadas a mejorar la accesibilidad de los consumidores a una alimentación adecuada deben apoyarse mutuamente, antes que ser diseñadas, unas y otras en forma aislada.

(iii) En tercer lugar, debido a su carácter plurianual, las estrategias nacionales pueden contribuir a resolver la tensión entre los objetivos a corto plazo, como la garantía de un suministro de bajo costo para la población urbana e incrementar la producción de alimentos, y los objetivos a largo plazo, como el aumento de los ingresos de pequeños agricultores y un desarrollo rural incluyente que utilice los recursos naturales de manera responsable.

(iv) En cuarto lugar, una estrategia nacional debe mejorar la rendición de cuentas, a través de una clara asignación de responsabilidades entre los distintos poderes del Estado, y mediante el establecimiento de plazos precisos para la adopción de medidas que garanticen la realización progresiva del derecho a la alimentación. Un organismo independiente, podría contribuir a la vigilancia en la aplicación de la estrategia mediante el uso de indicadores apropiados.

En el resto de su informe, basado en la evaluación de los desafíos que enfrenta el país, el Relator Especial identifica las problemáticas que tal estrategia nacional podría abordar en las cuatro dimensiones del derecho humano a una alimentación adecuada.

IV. Una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación

1. La disponibilidad de alimentos: el apoyo a la producción agrícola

Entre 1991 y 1996, México implementó lo que podría llamarse una "segunda reforma agraria" con el fin de preparar a su sector agrícola a la liberalización de los mercados de la agricultura ligados a la firma del TLCAN. Los tres programas que forman la base de esta reforma siguen siendo la columna vertebral de las políticas agrícolas en México: el Programa de Apoyos a la Comercialización, un programa de subsidios basado en los resultados, cuyo principal instrumento es Ingreso Objetivo; el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), un programa de transferencia directa por hectárea desvinculadas de la producción y comercialización establecidas en el Decreto que regula el Programa de Apoyos Directos, Procampo, DOF (25 de julio de 1994); y la Alianza para el Campo, un conjunto de programas de apoyo a la inversión (incluyendo el Programa de Desarrollo Rural (PDR), el Programa de Fomento Agrícola y el Programa de Fomento Ganadero).

La adopción en 2001 de la Ley de Desarrollo Social Sustentable, una ley marco en materia de desarrollo rural, ha sido un Importante paso para mejorar las políticas rurales, aunque el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el marco coordinador para los gastos del Desarrollo Agrícola y Rural (DAR) que fue creado por la ley, no ha impactado de manera significativa en la distribución de los recursos de DAR. Los recursos destinados a la Secretaria de Agricultura; Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se han incrementado notablemente durante los anos posteriores al 2000, pasando de 47.9 mil millones de pesos a un estimado de 73.9 mil millones de pesos en el presupuesto de 2011. Además, una serie de programas recientes como MasAgro, Promaf, Trópico húmedo, Proyecto estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) que presentan un desarrollo positivo. La producción agrícola, incluida la pesca, aumentó a una tasa media anual del 2,4% durante el período 2000-2010.

Estos programas representan esfuerzos muy importantes para mejorar la disponibilidad de alimentos en México. Sin embargo, el Relator Especial señala que las políticas agrícolas mexicanas son insuficientemente favorables para los pobres. Mientras que más del 95% del gasto en programas sociales en el PEC está enfocado hacia los pobres, menos del 8% del gasto se dirige a los programas agrícolas. En un país que cuenta con 80% de los agricultores con menos de 5 hectáreas, ésta es un área en donde grandes mejoras deben hacerse. Las políticas agrícolas favorecen a los estados más ricos, a los municipios más ricos y a los productores locales más ricos. En 2005, los seis estados más pobres recibieron sólo el 7% del total del gasto público agrícola a pesar de que en ellos habita el 55% de la población en pobreza extrema.

Aunque estas cifras no tienen en cuenta los últimos cambios de política, sólo se puede concluir que el gasto público agrícola contribuye a la creciente desigualdad de ingresos en México y que no está alineado con el requisito, en virtud delm apartado 1 del artículo 2 y el artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de que el Estado debe dedicar el máximo de los recursos disponibles para la realización progresiva del derecho a la
alimentación.

Por lo tanto, el Relator Especial pide una "tercera reforma agraria" que incluya las siguientes características interrelacionadas: (i) una reorientación de una fracción importante de los gastos públicos agrícolas hacia los pobres a través de programas específicos como PESA; (ii) la asignación de una parte mayor de los gastos públicos agrícolas hacia los bienes públicos, incluyendo acceso a crédito y servicios financieros, servicios de extensión agrícola, apoyo a las organizaciones de productores y cooperativas, medidas para proteger a los productores agrícolas contra la volatilidad de los precios, las infraestructuras como vías de comunicación y medios de transporte y almacenamiento; (iii) el lanzamiento de un programa conjunto de la SAGARPA-SEMARNAT para desarrollar sistemas agroforestales, así como técnicas de cosecha de agua pluvial sobre la base de los principios exitosos del programa ProÁrbol, incluida la participación de las comunidades locales y pagos por servicios ecológicos; (iv) la reducción de los subsidios de Tarifa 9 para detener rápidamente el uso excesivo de los acuíferos y la reasignación de una fracción importante de los gastos actuales de presas a gran escala y de las infraestructuras hidrológicas hacia la promoción de técnicas de cosecha de agua pluvial. Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, como son un número de pequeños productores que padece inseguridad alimentaria y vive en zonas áridas y depende de esos programas para recuperar opciones para una forma de vida digna.

2. Accesibilidad de la alimentación: combatiendo la pobreza, rural y urbana

2.1. Programas sociales

México ha sido un pionero en programas de transferencias monetarias condicionadas. Oportunidades actualmente cubre 5,85 millones de hogares en todo el país, y la cobertura es particularmente impresionante en los Estados más pobres, como Chiapas (donde 61,3% de la población se beneficia del programa), Oaxaca (52,6%) de Guerrero (51,5%).

Desde 2008, a fin de prestar apoyo a las familias que no podían cumplir con los requerimientos del programa Oportunidades, México ha iniciado el Programa de Apoyo Alimentario (PAL). Este programa de ayuda alimentaria benefició a 677,027 familias en 2010. En junio de 2008, tanto Oportunidades como PAL se reforzaron por la prestación de una transferencia monetaria adicional a sus beneficiarios. Además, el programa social LICONSA proporciona leche fortificada a 6.05 millones de personas en familias pobres. Por último, el programa rural de apoyo de alimentos (DICONSA) vende productos de alimentos básicos a precios asequibles (aproximadamente el 5,5% por debajo del precio de mercado), beneficiando a unos 29 millones de personas.

El Relator Especial felicita a las autoridades mexicanas por estos programas que demuestran su compromiso para garantizar la accesibilidad económica a una alimentación adecuada para la población mexicana. Sin embargo, considera que se podrían hacer algunas mejoras. En primer lugar, los programas dirigidos a los hogares más pobres (Oportunidades, PAL y LICONSA) deberían sistemáticamente garantizarse en la legislación y proporcionar una definición clara de los beneficiarios y permitir a los hogares que estén excluidos injustificadamente a presentar quejas contra tal exclusión. En segundo lugar, estos programas podrían comprar de una forma más sistemática una proporción mínima de sus alimentos de los pequeños agricultores locales, a quien se podría garantizar un precio mínimo. Esto podría reducir la volatilidad de los precios para todos los productores locales, y podría tener efectos multiplicadores significativos. En tercer lugar, es importante que estos programas presten mayor atención al carácter adecuado de la alimentación. Por ejemplo, para las familias que dependen de las tiendas de DICONSA, se podrían proporcionar una gama de alimentos frescos, incluyendo frutas y verduras, a fin de promover una alimentación más sana.

2.2. Derechos de los trabajadores

Al Relator Especial le preocupa que no se cumpla el mandato constitucional de que el salario mínimo debe estar alineado al costo de la canasta básica. Actualmente, el salario mínimo se fija en aproximadamente 57 pesos por día, alrededor del 25% de lo que representaría un jornal adecuado para la subsistencia. El salario debería proporcionar un ingreso decente según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional sobre los Derechos Culturales, Económicos y Sociales. El Relator Especial reconoce que aumentar el salario mínimo podría alentar a los empleadores para no registrar a los trabajadores que contratan. Sin embargo, concluye que la comisión nacional tripartita sobre los salarios mínimos encargada de establecer el salario mínimo para los diversos niveles de calificación está violando sus deberes constitucionales y los derechos humanos internacionales.

La situación de los jornaleros plantea preocupaciones específicas. Según STPS, por lo menos 2 millones de trabajadores trabajan como jornaleros agrícolas en las grandes plantaciones agrícolas. Una quinta parte son trabajadores migrantes, proviniendo de los Estados más pobres en busca de empleo en las regiones agrícolas más ricas de la parte norte del país. La mayoría de ellos se mueve con sus familias. Esta situación plantea una serie de desafíos, vinculados a la necesidad de ofrecer educación continua a los niños y de garantizar que no vayan a trabajar en las plantaciones, y a la de proteger los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en un contexto donde el 90% no tienen ningún contrato formal de trabajo.

La STPS ha desempeñado una serie de esfuerzos para abordar esta cuestión en los últimos años. Un mecanismo de coordinación intersectorial fue establecido con el fin de abordar las cuestiones planteadas por la situación de los jornaleros, y una serie de buenas prácticas se han desarrollo desde entonces. Aunque los servicios de inspección del trabajo no cuentan con el personal suficiente y carecen de capacidad - hay 376 inspectores de trabajo para todo el país - el número de plantaciones inspeccionadas en los últimos años ha aumentado, de 132 en 2008 a 255 en 2010, y el objetivo de la STPS es llegar a 500 en 2011. El número de trabajadores registrados ha aumentado significativamente desde que la nueva estrategia se puso en marcha.

Se podría hacer aún más. Las inspecciones de trabajo deberían ser reforzados, y las restricciones legales existentes para visitas no anunciadas a plantaciones deberían ser abolidas inmediatamente. Los jornaleros y los sindicatos en el sector agrícola deben ser informados acerca de su derecho a denunciar los abusos anónimamente a la STPS. A fin de proporcionar un incentivo para denunciar tales abusos, el empleador que se encuentra en violación de su obligación de registrar a los trabajadores debe someterse a multas y a la obligación de pagar los salarios a los trabajadores.

2.3. Proyectos de desarrollo a gran escala y el derecho a la alimentación

Durante su visita, el Relator Especial escuchó testimonios de personas de todo el país que enfrentaban la amenaza de despojos causados por grandes proyectos de desarrollo, tales como la construcción de presas, proyectos de infraestructura urbana y la minería.

Internacionales de derechos humanos establecen garantías que protegen a las personas contra arbitrariamente siendo desplazados de sus hogares (ver el los principios rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2) y los principios y directrices básicos sobre desalojos basada en el desarrollo y el desplazamiento (A/HRC/4/18, anexo I). En la evaluación de si un desplazamiento puede ser justificado o no, los Estados deben evaluar el impacto en las comunidades afectadas y poder justificar cualquier impacto negativo por convincentes intereses públicos y adecuadamente explorar alternativas que podrían minimizar los efectos negativos. Los Estados también deben garantizar que todas las personas potencialmente afectadas sean consultadas y, en casos de reasentamiento, que reciban una indemnización justa y que sean privados de sus fuentes de sustento. Por lo tanto, las personas que son reasentadas deben ser compensadas con tierra que sea proporcional en tamaño, calidad y valor, o mejor.

En los testimonios presentados al Relator Especial por las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala, una preocupación común fue la falta de consultas suficientes y de los esfuerzos para garantizar el consentimiento fundamentado previo por las autoridades pertinentes. Otro motivo de preocupación común fue la falta de una compensación justa y retrasos excesivos en su prestación. Mientras que los juzgados y tribunales administrativos pueden proteger a las comunidades contra reasentamiento arbitraria que tendría un impacto adverso sobre su derecho a la alimentación y otros derechos humanos, según información recibida órdenes judiciales fueron en algunos casos no cumplen. El Relator Especial visitó la comunidad de Temacapulin, donde los habitantes durante los últimos seis años han tratado de detener la construcción de la presa de Zapotillo que inundaría esta ciudad de alrededor de 400 habitantes. Tras su debate con un representante de la Comisión Estatal de agua y con las personas que viven en Temacapulin, el Relator Especial está preocupado de que la tierra que se ofrece como compensación no permitirá que los habitantes de Tamacapulin seguir trabajando en los cultivos de los que dependen los medios de subsistencia de muchos de ellos.

También se le indicó al Relator Especial que en algunos casos, personas participando en la protesta social relacionada con la pérdida de tierra y de medios de sustento causados por proyectos de desarrollo a gran escala, han sido sometidos a amenazas y hostigamientos y en algunos casos señalados como delincuentes. A este respecto, el Relator Especial recuerda la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y subraya la importancia de asegurar la adecuada protección de los defensores de los derechos humanos.

2.4. El caso especial de las "ciudades rurales sostenibles"

Uno de los desafíos que enfrentan las autoridades en las zonas rurales es la relativamente alta dispersión de la población rural, lo que hace difícil proporcionar los hogares rurales con servicios básicos, incluyendo la salud y la educación. El concepto de "pueblos rurales sostenibles" ("ciudades rurales sustentables") es visto como una respuesta a este desafío.

La intención detrás de la creación de dichas “ciudades rurales sustentables” se puede aplaudir. En teoría, dichas ciudades deberían de mejorar el acceso a la salud y la educación para que las mujeres y la niñez no tengan que viajar largas distancias para acudir a centros médicos y escolares; también deberían de permitir la creación de trabajos alternativos a través del desarrollo de instalaciones de procesamiento fuera de las parcelas agrícolas. Sin embargo, el Relator Especial nota que los esfuerzos para apoyar a la producción no han sido acompañados por la capacitación apropiada para mejorar el acceso al mercado bajo términos equitativos, puesto que la entrada a largas cadenas de alimentación implica un número de riesgos como la sobre dependencia de un tipo de cosechas a un comprador en particular.

Como consecuencia de lo mencionado, el Relator Especial alienta una evaluación independiente y comprensiva de las experiencias de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago el Pinar antes del establecimiento de poblados nuevos con el mismo modelo. La evaluación independiente debería de incluir una apreciación de los costes de oportunidad involucrados. Además, debería de conducirse de una manera participativa para asegurar una valoración apropiada de las disrupciones creadas en los medios de subsistencia por la reubicación de las familias afectadas.

3. La alimentación adecuada: las dietas saludables

Existe una consciencia creciente sobre el estado de emergencia que enfrenta México en cuanto a los problemas de sobrepeso y obesidad. 35 millones de mexicanos – 7 de cada 10 – tienen sobrepeso o obesidad: esta gente vivirá enferma, en promedio, por 18.5 años de su vida. El sobrepeso y la obesidad están en incremento en todos los niveles de ingreso, aunque acelera aún más rápido en el quintil más pobre, que queda menos afectado comparado con los demás (tasa de obesidad de 28% en el quintil más pobre). Las consecuencias son considerables. El sobrepeso y la obesidad son las fuentes de diabetes tipo B, de canceres y de enfermedades cardiovasculares: se calculó por SALUD que ese fenómeno costó a México 67 mil millones de pesos en tratamiento médico y en muertes prematuras en 2008 (USD 4.9 mil millones); para el año 2017, los costos directos de la obesidad incrementarán a 78 mil millones de pesos (USD 5.6 mil millones).

En enero de 2010 se acordó un Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria entre varias secretarías gubernamentales y otras autoridades públicas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, los medios y el sector agroalimentario, para hacer frente a este problema. Sin embargo, el Relator Especial cree que se necesitan más acciones estructurales al respecto. Debido a la presión de la industria agroalimentaria, representada a través de Conméxico, algunas herramientas importantes para influenciar el comportamiento de los consumidores, incluyendo el aumento de los impuestos sobre los refrescos y sobre alimentos altos en grasas trans, no fueron incluidas en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo mismo es un instrumento no vinculante de políticas públicas, sin indicadores que provienen de la legislación. Ubica al problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuando de hecho este problema tiene sus orígenes en el sistema de alimentación por completo. Políticas agrícolas actualmente alientan a la producción de cereales y granos, ricos en carbohidratos pero relativamente escasos en micronutrientes, al costo de la producción de frutas y verduras. El resultado es que para muchos mexicanos, particularmente en las zonas urbanas o en los estados del norte del país, el cambio a una dieta saludable se vuele cada vez más difícil. Las políticas comerciales actualmente en vigor favorecen una dependencia en la comida muy procesada y refinada, con un tiempo de caduque muy largo, lo cual no favorece al consumo de la comida fresca, particularmente la fruta y la verdura.

4. Sustentabilidad: el Futuro en México

Cualquier estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación debe tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de las respuestas a las necesidades a corto plazo. México es de hecho muy vulnerable a los desastres naturales tales como terremotos, inundaciones, huracanes y sequías. Esta vulnerabilidad actual aumentará debido al cambio climático, y afectará a la inseguridad alimentaria.

4.1. Los cultivos transgénicos y la biodiversidad

El problema de los cultivos transgénicos tiene una resonancia particular en México, dada la importancia del maíz en la cultura mexicana. Durante su misión, el Relator Especial ha analizado los últimos datos científicos sobre los posibles riesgos ecológicos del cultivo de maíz transgénico en México, así como la evolución jurídica y política desde la emisión de la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados en 2005.

El Relator Especial observa que el cultivo de maíz transgénico en México plantea graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz. Esto se debe a las características del flujo de genes del maíz, el polen es capaz de recorrer largas distancias, pero también se debe, a los hábitos de intercambios de semillas de los agricultores mexicanos. De hecho, el intercambio de semillas de un productor a otro representa más del 85% de las fuentes de semillas de maíz a nivel nacional (la cantidad industria de semillas del 5.2%).

Además, parece que la gran mayoría de las variedades de maíz transgénico están siendo evaluadas actualmente teniendo una relevancia incierta, en comparación con los principales problemas agronómicos de México, ya que estas variedades poco abordan los problemas principales, como la resistencia a la sequía o la habilidad para cultivar en suelos pobres. El Relator Especial concluye que no parece haber ninguna otra razón para estos ensayos de campo, que la de ser el primer paso en un proceso gradual que en última instancia conduce a la comercialización de maíz transgénico a gran escala. La expansión de los cultivos de maíz transgénico a escala comercial, y la consiguiente desaparición gradual de las variedades locales, podría aumentar la dependencia de los agricultores en una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de las patentes sobre las variedades, que constituyen una industria muy acaparada.

El Relator Especial concluye que la continuación del programa que conducirá a la introducción de maíz transgénico en México podría ser un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación en México, y que no sería lo que al país le interesa. También desvía la atención de los encargados de las políticas públicas lejos de las cuestiones más vitales, tales como la erosión del suelo o la resistencia al cambio climático, y contribuye a reforzar la creencia de que las opciones tecnológicas puede resolver la inseguridad alimentaria.

El verdadero problema que debe formularse es si esta vía de desarrollo agrícola puede reducir la pobreza rural y la desigualdad, y si es sostenible en el largo plazo. El Relator Especial señala a este respecto que la introducción de maíz transgénico en México podría resultar en una pérdida de la biodiversidad agrícola, que constituye un elemento fundamental en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. Pero en el largo plazo, la mejora continúa de las variedades criollas por las prácticas de los agricultores de almacenar, resembrar y el intercambio de semillas que mejor se adapte a los entornos específicos es crucial para asegurar el flujo de germoplasma necesarios para apoyar futuras crisis, que son, por definición, imprevisibles. Incluso, la admirable iniciativa de establecer un Centro Nacional de Recursos Genéticos en el Estado de Jalisco, garantiza la conservación de recursos genéticos ex situ, no es un sustituto para la mejora permanente de la agrobiodiversidad.

La introducción y propagación de maíz transgénico en México no beneficiaría más a los agricultores, puesto que llevaría a los agricultores mexicanos a depender de manera progresiva de los proveedores de insumos, protegidos por los derechos de propiedad intelectual, que hacen de la agricultura excesivamente cara. El Relator Especial observa a este respecto que algunos de los expertos mexicanos más respetados en la biodiversidad recientemente advirtió en contra de la aceleración del desarrollo de los cultivos transgénicos. Advirtieron sobre la presencia de importantes problemas que aún no han sido abordados, tales como el riesgo de que los pequeños agricultores el cultivo de variedades nativas de maíz encuentren cultivos que contienen genes de plantas transgénicas, y podrían ser demandados por infringir derechos de propiedad de los titulares de patentes. La aplicación agresiva de los acuerdos de uso de la tecnología en los EE.UU. por Monsanto ha demostrado la importancia de este problema.

El Relator Especial recomienda que las autoridades mexicanas: (i) declaren lo antes posible, el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad del maíz, permitiendo al mismo tiempo, posibles programas de investigación en entornos estrictamente limitados; (ii) tomar medidas para regular la creciente concentración en el sector de las semillas y apoyar a los pequeños propietarios en el establecimiento de bancos comunitarios de semillas y otros sistemas de semillas que preservan y mantienen la agro biodiversidad, (iii) mejorar el acceso a la información sobre las pruebas de campo existentes y la elaboración de un análisis independiente de sus impactos ecológicos, agronómicos, económicos y sociales, (iv) fortalecer aun mas in situ los programas de conservación de la diversidad del maíz mediante el aumento de los incentivos a los agricultores dependiendo de las variedades locales por su contribución a la agro biodiversidad agrícola, como complemento de la conservación ex situ de recursos genéticos por el Centro Nacional de Recursos Genéticos.

4.2. El uso del agua, la erosión del suelo y la resistencia al cambio climático

El acceso al agua es de vital importancia en México para aquellos que dependen de forma directa en la producción agrícola por el derecho a la alimentación. La crisis del agua en México se caracteriza por la sobreexplotación de los principales mantos acuíferos del país, que es subsidiada por la Tarifa 9, un importante gravamen en el costo del uso de electricidad para la agricultura (como el agua subterránea bombeada principalmente de los pozos) que lleva a los agricultores que pagan sólo el 23% de los costos de generación y transmisión de agua. El Relator Especial también señala que las autoridades públicas dedican importantes recursos a las infraestructuras hidrológicas (3,3 mil millones de pesos en 2006), así como para el riego (el área cubierta por modernos de riego aumentó de 1,3 millones de hectáreas en 2006 a un estimado de 1,8 millones de hectáreas en 2011). Al mismo tiempo, los programas para desarrollar técnicas de conservación de suelos como la recogida de agua de los pozos y construcciones de almacenaje se han iniciado más recientemente, como el Programa para la Sostenibilidad de los Recursos Naturales (Coussa), o el Proyecto de la Cruz para el Desarrollo de las Zonas Áridas o el seguro catastrófico agrícola que cubre 8,1 mil millones de hectáreas.

Es la opinión del Relator Especial el costo de oportunidad de las grandes infraestructuras hidrológicas debe investigarse más a fondo, dado que el potencial de los programas para ampliar las técnicas de almacenamiento de lluvia de temporal ha sido explorado de una manera insuficiente, a pesar de programas recientes. Por otra parte, también hay desventajas importantes para las grandes infraestructuras hidrológicas, como las presas, que desplazan a las personas, afectar los medios de subsistencia y tienen un alto costo para las autoridades públicas. Todavía hay un enorme potencial para el lanzamiento de grandes inversiones en técnicas de recolección de agua pluvial en las zonas secas que permite el cultivo de tierras antes abandonadas y degradadas. Estos métodos incluyen presas roca permeable, zaïs, lomos de contorno, tiras de escurrimiento y diques semi-circulares que detengan el escurrimiento del agua, mejorar la humedad del suelo que hacen que el cultivo de árboles, arbustos y hierbas sea factible en áreas semiáridas y crear zonas de pasto en las más áridas.

DECLARACION DEL SEGUNDO FORO DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

NOS COMPROMETEMOS.

Desde un enfoque de derechos en la lucha contra el hambre y la desigualdad social y económica, a incidir tanto en nuestros respectivos países como a nivel regional para que el derecho a la alimentación, sea garantizado como un derecho fundamental reconocido en las legislaciones nacionales y regionales y protegido en los acuerdos economía cos internacionales.

Asimismo, reconocemos el aporte fundamental de las mujeres en la producción de alimentos y su situación de especial vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria; por lo tanto, promoveremos marcos legales con perspectiva de genero, que tengan en cuenta las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su acceso a una alimentación adecuada.

En este sentido es igualmente prioritaria la erradicación de la desnutrición infantil, a través de políticas publicas.

De igual manera, los parlamentarios y parlamentarias asistentes, reconociendo el valor de las distintas visiones de las fuerzas sociales, se comprometen a establecer mecanismos de dialogo regulares con los actores sociales y la sociedad civil a nivel regional y en sus respectivos países para luchar contra el hambre y la pobreza.

Con este espíritu, mantendremos un dialogo constante con la sociedad civil a través de los distintos foros regionales de America Latina y el Caribe contra el hambre y a nivel nacional a través de los Frentes Parlamentarios Nacionales.

Así mismo, promovemos la creación de Frentes Parlamentarios conformados con espacios pluripartidarios y pluricamerales en aquellos países que aun no hayan conformado los suyos y trabajaremos para fortalecer el Frente Parlamentario contra el hambre de America Latina y el Caribe, como un espacio de debate, intercambio y reflexión en torno a la creación, implementación y mejora de instrumentos normativos que garanticen el derecho a una alimentación adecuada y a la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional.

Reforzaremos los aspectos de exigibilidad y cumplimiento del derecho a la alimentación, derecho a los recursos naturales y del derecho a los saberes tradicionales. Para este fin, buscaremos el compromiso de las instituciones nacionales y regionales para que cuenten con la formación adecuada que den respuesta a dicha exigibilidad y para que lleven a cabo el monitoreo del cumplimiento de estos derechos.


Igualmente se buscar la exigibilidad a través de líneas presupuestarias destinadas a garantizar el financiamiento institucional del derecho a la alimentación y promoveremos la gestión por resultados de dichos recursos.

De esta forma y para este monitoreo, sugerimos mejorar la calidad y transparencia de la información presupuestaria e indicadores nacionales, que faciliten un seguimiento y monitoreo a nivel regional, nacional y local de las decisiones políticas en la lucha contra el hambre y la pobreza.

Promoveremos la discusión parlamentaria en torno a la incorporación de legislación, formulación de políticas publicas y mayor financiamiento publico tendiente, con un enfoque integrado facilitar la producción comercialización y consumo de alimentos producidos localmente y através de la agricultura campesina y familiar, con especial énfasis en cuestiones de equidad y de grupos vulnerables.

Promoveremos políticas públicas de alimentación escolar y de educación alimentaria y nutricional con financiación adecuada para el desarrollo, integral de niñas y niños y de nuestras familias, potenciando una cultura alimentaria y nutricional que preserve y recupere los productos locales y tradicionales.

Reconocemos la importancia de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria y nutricional y proponemos un dialogo de saberes y conocimientos tanto tradicionales como modernos para una gestión con un enfoque cosmogónico de los recursos naturales.
NOS COMPROMETEMOS,


Desde un enfoque de derechos en la lucha contra el hambre y la desigualdad social y económica, a incidir tanto en nuestros respectivos países como a nivel regional para que el derecho a la alimentación, sea garantizado como un derecho fundamental reconocido en las legislaciones nacionales y regionales y protegido en los acuerdos economía cos internacionales.

Asimismo, reconocemos el aporte fundamental de las mujeres en la producción de alimentos y su situación de especial vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria; por lo tanto, promoveremos marcos legales con perspectiva de genero, que tengan en cuenta las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su acceso a una alimentación adecuada.

En este sentido es igualmente prioritaria la erradicación de la desnutrición infantil, a través de políticas publicas.

De igual manera, los parlamentarios y parlamentarias asistentes, reconociendo el valor de las distintas visiones de las fuerzas sociales, se comprometen a establecer mecanismos de dialogo regulares con los actores sociales y la sociedad civil a nivel regional y en sus respectivos países para luchar contra el hambre y la pobreza.

Con este espíritu, mantendremos un dialogo constante con la sociedad civil a través de los distintos foros regionales de America Latina y el Caribe contra el hambre y a nivel nacional a través de los Frentes Parlamentarios Nacionales.

Así mismo, promovemos la creación de Frentes Parlamentarios conformados con espacios pluripartidarios y pluricamerales en aquellos países que aun no hayan conformado los suyos y trabajaremos para fortalecer el Frente Parlamentario contra el hambre de America Latina y el Caribe, como un espacio de debate, intercambio y reflexión en torno a la creación, implementación y mejora de instrumentos normativos que garanticen el derecho a una alimentación adecuada y a la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional.

Reforzaremos los aspectos de exigibilidad y cumplimiento del derecho a la alimentación, derecho a los recursos naturales y del derecho a los saberes tradicionales. Para este fin, buscaremos el compromiso de las instituciones nacionales y regionales para que cuenten con la formación adecuada que den respuesta a dicha exigibilidad y para que lleven a cabo el monitoreo del cumplimiento de estos derechos.


Igualmente se buscar la exigibilidad a través de líneas presupuestarias destinadas a garantizar el financiamiento institucional del derecho a la alimentación y promoveremos la gestión por resultados de dichos recursos.

De esta forma y para este monitoreo, sugerimos mejorar la calidad y transparencia de la información presupuestaria e indicadores nacionales, que faciliten un seguimiento y monitoreo a nivel regional, nacional y local de las decisiones políticas en la lucha contra el hambre y la pobreza.

Promoveremos la discusión parlamentaria en torno a la incorporación de legislación, formulación de políticas publicas y mayor financiamiento publico tendiente, con un enfoque integrado facilitar la producción comercialización y consumo de alimentos producidos localmente y através de la agricultura campesina y familiar, con especial énfasis en cuestiones de equidad y de grupos vulnerables.

Promoveremos políticas públicas de alimentación escolar y de educación alimentaria y nutricional con financiación adecuada para el desarrollo, integral de niñas y niños y de nuestras familias, potenciando una cultura alimentaria y nutricional que preserve y recupere los productos locales y tradicionales.

Reconocemos la importancia de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria y nutricional y proponemos un dialogo de saberes y conocimientos tanto tradicionales como modernos para una gestión con un enfoque cosmogónico de los recursos naturales.

Los Compañeros de FAI Sonora presentes en la FAO

Jorge Valenzuela, Director de FAI Sonora. Foto Archivo Síntesis Ciudad Obregón, Sonora

Muchas felicidades para los amigos de la Fundación de Apoyo Infantil (FAI) Sonora, gracias al trabajo que han realizado con el árbol de Moringa, acudirán al Segundo Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, organizado por la Organización de las Naciones unidas para la Agricul­tura y la Alimentación (FAO).

A continuación presentamos la nota publicada en el diario El Imparcial el día 2 de junio.

Trasciende proyecto de moringa
Representará FAI a Sonora en evento internacional

Por Eduardo López elopez@elimparcial.com

Porque el proyecto de la moringa con el que trabaja la Fundación de Apoyo Infantil Sonora desde hace 10 años ha rendido frutos contra la desnutrición, esta organización representará a Sonora y a México. Esta representación se dará los días 7 y 8 de junio durante el desa¬rrollo del Segundo Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, organizado por la Organización de las Naciones unidas para la Agricul¬tura y la Alimentación (FAO). Jorge Valenzuela Romero, di¬rector general de FAI-Son, indicó que apenas el lunes pasado fueron notificados por parte del organismo internacional, que habían sido elegi¬dos para representar a México con su proyecto de la moringa. “Se está considerando a la morin¬ga como un producto alternativo y uno de los ejemplos para el combate de la desnutrición más exitosos en el mundo y creo que es resultado de diez años de experiencia en este cultivo”, afirmó. Además de combatir el hambre, dijo, a la planta se le han encontra¬do otras propiedades, entre ellas, la posibilidad de disminuir los efectos graves y dolorosos en enfermedades como la diabetes y la artritis. “Recibimos esta noticia con mu¬cho gusto, creo que es un orgullo muy grande para Sonora, porque también vamos representando a México, esto es un logro más para FAI, pero es un logro para todo el Estado”, aseguró. El evento se realiza con el pro¬pósito de reunir a representantes de parlamentos nacionales y supra¬nacionales y líderes de la sociedad civil mundiales, explicó, para inter¬cambiar experiencias respecto a las legislaciones sobre la alimentación en el orbe.